Una fianza de inmigración, no garantizada, es un acuerdo entre un ciudadano extranjero y el gobierno de EE.UU. que permite a una persona detenida ser puesta en libertad mientras espera el resultado de sus procedimientos de inmigración. A cambio de su puesta en libertad, el detenido se compromete a pagar una cantidad de dinero al gobierno de EE.UU. si incumple cualquiera de los términos o condiciones establecidos por el tribunal u otra autoridad gubernamental. Al solicitar la puesta en libertad mediante una fianza no garantizada, el extranjero debe aportar pruebas suficientes de su responsabilidad financiera, como justificantes de empleo o ingresos, solvencia, vínculos familiares estrechos en Estados Unidos y/o un avalista que acepte la responsabilidad legal de su comparecencia en futuras audiencias o procedimientos de expulsión si fuera necesario. Una vez aceptada por el tribunal, esta obligación suele estar garantizada por bienes personales o garantías en poder del extranjero o de los garantes que hayan aceptado avalarles. En función de sus circunstancias y antecedentes particulares, los solicitantes pueden tener que depositar fianzas que oscilan entre varios cientos de dólares y cientos de miles de dólares para garantizar su puesta en libertad. Una vez cumplidas satisfactoriamente todas las condiciones y requisitos ordenados por el tribunal durante su período de liberación en lugar de encarcelamiento, las personas no son responsables de ninguna cantidad depositada como parte de su acuerdo de fianza sin garantía, a menos que violen intencionadamente cualquier orden judicial mientras se encuentren detenidos en virtud de dichos acuerdos de fianza.
